En cuestión de un mes, cuatro ayuntamientos gallegos han cambiado de alcalde a través de mociones de censura –Forcarei, Noia, Touro y Fisterra– y todo apunta a que otros dos lo harán en breve: Carral y Viana do Bolo. Son, en total, seis mociones, una más de las que se registraron a lo largo de los dos años anteriores de mandato. El detonante de casi todas ellas ha sido una sentencia del Tribunal Constitucional que ha cambiado las reglas de juego y que ha sabido aprovechar especialmente el PP, pero también el PSdeG. Tras un caso de transfuguismo en el municipio cántabro de Arredondo, la corte de garantías levantó, a mediados de junio, la prohibición de que una moción de censura en el ámbito local prosperase gracias al voto de un concejal que hubiese formado parte del mismo grupo municipal que el alcalde a derrocar. Hasta entonces, la ley electoral establecía para estos supuestos una mayoría absoluta reforzada, lo que, para los magistrados del Constitucional, suponía restringir de manera «desproporcionada» las «facultades de control político que forman parte del derecho al ejercicio del cargo público de los ediles». En Galicia, la veda se abrió a finales de julio en Forcarei. La popular Belén Cachafeiro regresó a la alcaldía del concello pontevedrés apoyada por un concejal que en 2023 había sido expulsado del gobierno de la socialista Verónica Pichel. Según defendió el PP local en una nota de prensa, el objetivo era terminar con «seis años de desgobierno, gestión absolutamente ineficaz, desatención a los vecinos, falta de inversiones, deterioro de los servicios públicos y autoritarismo» de la anterior regidora y su equipo. Por el contrario, el 11 de agosto fue el PSdeG quien recuperó el bastón de mando en Noia a costa de los populares. Allí la aritmética no fue tan sencilla. El socialista Francisco Pérez fue elegido alcalde del municipio coruñés al prosperar una moción impulsada por su partido que contó con el apoyo de BNG, Marea Cidadá de Noia y un edil no adscrito, Luis Alamancos, que había concurrido a las elecciones bajo las siglas del PP. En este caso, adujeron la necesidad de «abrir el ayuntamiento a los vecinos» frente al «abuso de contratos menores» o «la falta de transparencia». Tan solo un día después, el popular Jesús Reboredo se hizo con la alcaldía de Touro (La Coruña) gracias al apoyo de un edil que había formado parte de Movemento Veciñal, formación que hasta entonces ostentaba el poder. El acuerdo pasa por que el PP se persone en los procesos judiciales que incumban a la mina de Touro-O Pino y por que el propio concejal, ahora no adscrito, presida una comisión de medio ambiente cuyo criterio deberá respetar el nuevo gobierno local. El 19 de agosto se consumó otra moción en Fisterra. Luis Insua (PP) fue elegido nuevo alcalde al prosperar la censura a Áurea Domínguez Soto (Alternativa dos Veciños) con el voto de un concejal expulsado de este partido. En 2023, el PP ganó las elecciones con cinco de un total de once ediles, mientras la ya exalcaldesa se había aferrado al poder con tan solo dos. De hecho, en estos cuatro ayuntamientos, los populares se habían hecho con el triunfo en las últimas elecciones municipales, pero los «pactos entre perdedores» les habían obligado a quedarse en la oposición. Así se refieren fuentes populares a la «buena noticia» de «volver al gobierno en aquellos ayuntamientos donde el PP ganó las elecciones y no alcanzó la alcaldía» por acuerdos entre el resto de formaciones. «Algo más de dos años después de las elecciones municipales se ha demostrado que los pactos para que no gobierne el PP no han beneficiado en nada a los ciudadanos», que ahora «verán mejorada la gestión de los servicios municipales y la resolución de sus problemas», concluyen. Preguntado por este asunto, el propio Alfonso Rueda no tuvo problema en defender en público las mociones presentadas por su partido en Touro, Forcarei y Fisterra. Y ante las críticas de los socialistas, el líder de los populares gallegos les pide «coherencia» porque «si hay un marco es para todos»: «los mismos que criticaban y decían que esto no se podía hacer, son los mismos que la plantearon en Noia basándose en la misma sentencia», ha reprochado. La siguiente censura que, todo apunta, dará la alcaldía a los populares, se votará el próximo 10 de septiembre en Carral, también en detrimento de Alternativa dos Veciños y gracias a dos ediles no adscritos que antes formaban parte de este partido. La formación liderada por Ángel García Seoane, 'Gelo', el alcalde comunista de Oleiros, ya ha convocado una concentración el martes que viene en apoyo del actual regidor, Javier Gestal, reivindicándolo como el alcalde legítimo de Carral. Semanas antes de hacerse públicos estos cambios, García Seoane publicaba en redes sociales una reflexión muy crítica contra lo que comparaba con «zocos árabes donde se compra y vende todo». Al margen de tránsfugas está el concello orensano de Viana do Bolo. Allí no será necesario el voto de ningún díscolo. Desde las elecciones de mayo de 2023, las cuentas daban para que gobernasen el BNG y el PSdeG en coalición. Ambos suman seis concejales, frente a los cinco del PP. Han sido las hasta ahora insalvables diferencias de estos socios habituales las que les han impedido durante más de dos años acceder al gobierno.
Alemania, con gobierno conservador, ha aprobado un proyecto de ley que implanta un servicio militar voluntario , limitado a seis meses. Como el motivo de la iniciativa es reforzar las fuerzas armadas germanas, la ley contempla la opción de convertir el servicio militar en obligatorio si los resultados de su fase voluntaria no son satisfactorios. Esta medida se sitúa en la senda iniciada por el anterior gobierno socialdemócrata, el cual, como respuesta a la creciente amenaza rusa, comprometió una inversión multimillonaria en gasto militar y eliminó las trabas constitucionales a su rearme, frutos de la derrota alemana en la Segunda Guerra Mundial. Mucho han cambiado las cosas para que un gobierno alemán se libere del peso de su historia y asuma la necesidad de incrementar la capacidad de sus ejércitos y de implicar a los ciudadanos en la defensa del país. Otros Estados fronterizos con Rusia y herederos de su relación histórica con Moscú, han seguido el camino del rearme, con los costes que esta opción conllevará en el mantenimiento del Estado social. El gobierno español, por boca de su ministra de Defensa, Margarita Robles , ha descartado la reimplantación del servicio militar, que fue suprimido en 2001 por el gobierno de José María Aznar. No habría encaje social a esta medida en la España actual, que se siente erróneamente alejada de la amenaza rusa que se cierne, de nuevo, sobre Europa Oriental. En la guerra moderna, las distancias han pasado a ser un problema menor y esta es una realidad que convendría que todos los europeos asumieran. Es una opción legítima no seguir la pauta alemana sobre el servicio militar, sea voluntario, sea obligatorio, pero entonces hay que potenciar su alternativa, que es el ejército profesional. Lo que no resulta admisible, ni responsable, es permanecer en la indefinición. El Gobierno de Pedro Sánchez no acepta los incrementos presupuestarios que pactó con el resto de socios de la OTAN y habrá que confirmar a final de año si es cierto que España llegará a un gasto equivalente al 2 por ciento de su Producto Interior Bruto. Sus Fuerzas Armadas han perdido efectivos de manera constante en los últimos años. La oferta profesional no resulta suficientemente atractiva desde el punto de vista de la remuneración y de la promoción. Como respuesta al fiasco con la OTAN, el Gobierno anunció en junio pasado que aumentaría la plantilla militar con 14.000 plazas, lo que demuestra que la política de defensa en España es reactiva, sin una adecuada planificación a medio y largo plazo. En todo caso, al margen de las cuestiones de organización que debe acometer cada Estado, lo cierto es que Alemania ha puesto a Europa ante su realidad más innegable. Rusia ejerce una amenaza constante y su visión imperial, escondida tras impostadas demandas de seguridad e integridad territorial, no se limitará a la rapiña de suelo ucraniano. Los europeos nos hemos acostumbrado a creer que la paz es inherente a la democracia y al bienestar social, que el paternalismo estatal desactiva cualquier riesgo para la plácida vida de nuestras sociedades. Rusia nos ha sacado cruelmente de esta autosugestión para enfrentarnos a algo tan exigible al ser humano como es la necesidad de defender la libertad. Alemania no está sola en sus decisiones militares y está reforzando su cooperación con otros países europeos, como Francia, con la que ha empezado a hablar de disuasión nuclear. Hay un clima evidente en Europa de que es hora de ganar capacidad militar para disuadir a Putin de nuevas agresiones. España debe asumir su responsabilidad en esta nueva etapa.